El Ayuntamiento de Polanco sacará a licitación en el primer trimestre de este año un nuevo contrato de recogida de perros abandonados o extraviados en el municipio, un contrato que en la actualidad tiene un coste cercano a los 8.000 euros anuales y que se pretende ampliar a todos los animales domésticos.
Para ello, en estos momentos se están ya redactando los pliegos que han de regir el nuevo concurso que se pretende convocar y resolver a la par que se pone en marcha la nueva ordenanza de tenencia y bienestar animal, que fue aprobada por el pleno de manera inicial a finales del pasado mes de diciembre.
La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, ha explicado que el servicio de recogida de perros lo presta desde hace casi dos décadas el Centro Canino Besaya a través de sucesivos contratos, aunque ahora la entrada en vigor de la nueva ordenanza hace necesario renovar el mismo y, a la vez, ampliar el tipo de animales que se recogen.
Según el último informe del servicio aportado por el Centro Canino Besaya, durante el pasado 2019 en el municipio de Polanco se retiraron a petición municipal, de vecinos o de la Guardia Civil un total de 19 perros abandonados o extraviados, de los cuales cerca del 80 % fueron recuperados posteriormente por sus dueños.
La alcaldesa ha visitado las instalaciones del Centro Canino Besaya acompañada de los concejales de Medio Ambiente y Barrios, Isabel Herrera y Fernando Sañudo, para conocer las instalaciones y ha destacado la importancia de que el servicio de preste de forma correcta y con un tiempo mínimo de respuesta desde que se curan los avisos.
Además, ha resaltado el funcionamiento del centro de adopción de animales vagabundos que tiene la empresa, denominado Adopta Besaya, que se materializa en una página en la red social Facebook donde se publican de forma regular fotografías y descripciones de los animales disponibles para fomentar su adopción, con el objetivo de lograr el sacrificio cero.
El Centro Canino Besaya, que en la actualidad tiene contratados sus servicios con una docena de ayuntamientos, dispone de instalaciones con perreras individuales cubiertas y aisladas del frío y el calor para los perros retirados de la vía pública, así como cuatro perreras más para cuarentena que se utilizan para aquellos animales con síntomas de enfermedad.
Ordenanza de protección animal
El texto de la nueva ordenanza de protección animal, que está a la espera de ser publicada de forma íntegra en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), es consecuencia de dos procesos de participación pública durante los cuales se han recogido las sugerencias de ciudadanos y colectivos, así como de las aportaciones realizadas por los distintos grupos políticos en los últimos meses.
Rosa Díaz ha resaltado que la nueva normativa nace con la idea de actualizar la anterior y adaptarla a las demandas vecinales, por lo que considera que se ajusta ajusta a las características de un municipio como Polanco con amplias zonas rurales, por lo que recoge las necesidades y las inquietudes de los vecinos, tanto en cuanto al bienestar animal como a la prevención de posibles problemas de convivencia entre animales y personas.
En especial, destaca que el texto busca regular aquellos aspectos que afectan al municipio, tales como la tenencia de animales domésticos, compañía o de renta, de los silvestres y potencialmente peligrosos, así como el ganado incontrolado y las colonias urbanas felinas, con la finalidad de conseguir las debidas condiciones de salubridad y seguridad.
También busca regular el funcionamiento de los llamados núcleos zoológicos, aquel centro o establecimiento fijo o móvil dedicado al fomento, cría, venta, cuidado, mantenimiento temporal, guardería, residencia y recogida de animales de todo tipo, así como los centros de recuperación de fauna silvestre, las agrupaciones zoológicas de animales de fauna silvestre en cautividad y los centros donde se celebren actuaciones lúdicas, de exhibición o educativas con animales.
La normativa consta de unos 40 artículos y en sus 20 páginas recoge también un capítulo de sanciones, que prevé multas de entre 100 y 300 euros para las infracciones leves, de entre 301 y 1.000 para las graves, y de entre 1.001 y 15.000 para las muy graves, salvo en los casos en que la infracción se haya cometido con un animal potencialmente peligroso, en cuyo caso la cuantía será de 150 a 300, de 301 a 2.400 y de 2.401 a 15.000 euros.
