El Gobierno de Cantabria, a través de GESVICAN, construirá 171 viviendas de alquiler a precios asequibles en siete municipios con una inversión de 26 millones de euros, cofinanciada a partes iguales por la Comunidad Autónoma y los fondos europeos con 13 millones de euros.
Las promociones se construirán antes de marzo de 2026, fecha tope para ejecutar las ayudas comunitarias, en Polanco (40), Reinosa (58), Santoña (28), Torrelavega (27), Santillana (8), Piélagos (7) y Orejo (3), tal y como ha anunciado hoy la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, en el primero de estos municipios, desde el lugar donde se llevará a cabo la actuación en el Alto de Pedroa, donde ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Roberto Media; la alcaldesa, Rosa Díaz; el director general de Vivienda, Carlos Montes, y otros representantes de la Corporación local.
Del total de 171 viviendas, 86 se ejecutarán en una primera fase con una inversión de cerca de 13 millones de euros, 6,5 millones de fondos propios y otros 6,5 millones de fondos europeos, para lo que el Ejecutivo cántabro trabaja ya en la firma de los correspondientes convenios con el Estado.
En Polanco se van a construir dos fases de 20 viviendas, cada una de ellas, en parcelas de propiedad municipal, en Alto Pedroa.
Por su parte, la alcaldesa, Rosa Díaz, ha agradecido a María José Sáenz de Buruaga la rápida respuesta que su Gobierno ha dado, en apenas dos meses, a la demanda planteada por el Ayuntamiento para construir viviendas con destino al alquiler, una demanda que la pasada legislatura fue desatendida y que ahora se va a materializar en beneficio, fundamentalmente, de los jóvenes del municipio.
La presidenta, el consejero y la alcaldesa en la presentación del plan de vivienda 
La presidenta, el consejero y la alcaldesa en la presentación del plan de vivienda
Buruaga ha reiterado que todas las viviendas se levantarán en terrenos propiedad de GESVICAN o de titularidad municipal, previa firma de un convenio de cesión, y que el plazo límite para la ejecución de esos fondos europeos, enmarcados en un programa de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler en edificios energéticamente eficientes, obliga al Gobierno a trabajar «contra reloj» y a completar los trámites en un «tiempo récord».
